¿Por qué se celebra el 28 de Julio?

El 28 de julio de 1778, Bárcena La Puente, hoy Puente San Miguel, fue escenario de un acontecimiento histórico, la aprobación de las Ordenanzas de Cantabria.

Esta circunstancia motivó que el 4 de octubre de 1993, José Manuel Becerril, entonces Diputado Autonómico y Alcalde de Reocín, municipio al que pertenece la localidad citada, presentara una Proposición para declarar la conmemoración de esa fecha como Día de las Instituciones. La Declaración se aprobó por unanimidad y textualmente decía:

  • Declarar el 28 de julio, aniversario de la Constitución de la Junta General de Cantabria, realizada en 1778, como Día de las Instituciones de Cantabria.

  • Que el Día de las Instituciones de Cantabria adquiera la consideración institucional y el rango que le son propios en su contenido histórico y político, sin perjuicio de cualesquiera otra colaboración de carácter cultural, comarcal o regional.

  • Que esta declaración de considerar el Día de las Instituciones de Cantabria lleve el reconocimiento que las instituciones de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria puedan otorgar al reconocimiento, consolidación y divulgación de los símbolos de identidad de la Región de Cantabria dentro de la indisoluble unidad de España.

  • Desde entonces se ha venido conmemorando la efeméride, considerándose el 28 de julio como uno de los factores subjetivos que marcan nuestra identidad: la manifestación de la voluntad de ser cántabros a través de la configuración de un entramado administrativo que nos regule.

¿Qué significa el 28 de Julio?

El 28 de julio de 1778 supuso un antes y un después en la configuración territorial de la Cantabria moderna. Se puede afirmar que es el punto de inflexión en el proceso de integración de todas las jurisdicciones cántabras en un único cuerpo administrativo, resultando además  la muestra inequívoca de la voluntad de los cántabros por ser precisamente eso y no otra cosa. Puente San Miguel supone, un antes y un después en la historia de Cantabria.

Culmina un proceso de siglos. En la Alta Edad Media, el territorio cántabro estaba organizado desde el particular derecho de behetría, lo que dio pie a multitud de jurisdicciones, casi todas ellas de realengo -dependientes del rey-.

A lo largo de los siglos XIV y XV las presiones señoriales trataron de revertir esa relación  para convertirla en solariega -dependientes de los señores-. Ese conflicto generó numerosos pleitos y, en ocasiones, episodios violentos. Las sentencias favorables a las jurisdicciones y, por tanto, a los usos y costumbres del país, animarían a estas a colaborar estrechamente entre ellas. Fruto de esos pleitos y de esa colaboración, se creó la Provincia de los Nueve Valles de las Asturias de Santillana. Durante siglos aunó voluntades entre territorios etnográficamente homogéneos pero jurisdiccionalmente independientes, adquiriendo una fortaleza que será, precisamente, la que la permita liderar la defensa de los derechos históricos cuando las reformas borbónicas planteen su eliminación. Otros territorios y jurisdicciones lo intentarían, pero solo la de los Nueve Valles será la que plantee un proyecto creíble e integrador desde la perspectiva de aquellos tiempos: la Provincia de Cantabria.

Y la configuración de esa Provincia, como anunciábamos, también supone un después porque aunque los acontecimientos posteriores y la implantación definitiva de las reformas liberales impedirían que cumpliese los fines para los que se creó, la Provincia de Cantabria abrió el camino definitivo a la integración territorial de las jurisdicciones cántabras bajo un nombre representativo, reconocido y muy significativo: Cantabria.  Efectivamente, en Puente San Miguel se produjo el intento más serio de superar el atomizado marco administrativo de la Cantabria medieval desde la reclamación de lo propio y desde los propios Valles y Concejos, no por mandato superior y externo.

Las Ordenanzas de Cantabria suponen la reivindicación de esos valores, de los privilegios de las élites rurales en un contexto de superación del Antiguo Régimen,  cierto es, pero también la voluntad inequívoca de crear un entramado administrativo y unas estructuras de autogobierno que aglutinasen a todas las jurisdicciones que se situaban entre el Principado de Asturias y el Señorío de Vizcaya.  Esa es la verdadera trascendencia de los acontecimientos de Puente San Miguel, la plasmación de ser y querer ser cántabros,  la articulación de una organización jurídica que permita ser precisamente cántabros; y además, con una declarada vocación de aunar a todas las jurisdicciones de aquel espacio, lo que además ayudará a perfilar el perímetro definitivo de Cantabria.

A partir de Puente San Miguel, en cualquier escenario de articulación territorial sucedido en España, esa voluntad de unión basada, no lo olvidemos, en una unidad cultural común, siempre estará presente. Ya sea desde los intentos de perpetuar el Antiguo Régimen como desde las reformas liberales, a la postre triunfantes, el territorio situado entre Asturias y Vizcaya vertebrará una unidad administrativa. Y desde ella, se afrontarán todos los intentos regionalizadores posteriores, incluido el actual marco autonómico.

SIMBOLOS DE CANTABRIA 

Creada en el siglo XIX como bandera marítima de Santander, la Diputación Provincial la incorporaría a su heráldica oficial en los años treinta del siglo siguiente. Durante la transición política se asumiría como símbolo para representar la persecución del autogobierno y, una vez conseguido, se incorporaría al Estatuto. Su uso y diseño, incorporando el escudo del Gobierno, se ha regulado en sendas leyes, la Ley 9/1984 de 22 de diciembre que reguladora de la utilización de la Bandera de Cantabria y la Ley 4/1987, de 27 de marzo, de uso conjunto de la Bandera y Escudo de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El artículo 3 del Estatuto de Autonomía contempla la posibilidad que Cantabria se dotase de un Escudo que la identificara. Como consecuencia de ese precepto, se aprobó la Ley 8/1984, de 22 de diciembre, del Escudo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Para su elaboración, el Gobierno encargó el trabajo a una comisión de expertos formada por Mario García Oliva, José Luis Casado Soto y Carmen González Echegaray bajo las premisas que el Escudo recogiera la historia del pueblo cántabro, simplificara la simbología en orden a la mayor eficacia visual y se ajustar a la normativa y tradición heráldica a partir del estudio de los símbolos que, a lo largo del tiempo, habían representado a Cantabria y sus jurisdicciones.

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